DDesde principios de la década de los noventa del siglo pasado, los dos partidos políticos más importantes, que eran alternativamente responsables de la gobernación de Aruba, se dedicaban a la política y/o realizaban la administración de tal manera que se violaban estructuralmente los criterios de buena gobernación. Esto incluía las siguientes características:

  1. Violación estructural de leyes (por ejemplo, de la Constitución y Ley de Comptabilidad)
  2. Ignorar estructuralmente los criterios de buena gobernación (por ejemplo, transparencia)
  3. Descuido estructural de advertencias / recomendaciones (por ejemplo, del Conseho Consultativo, Auditoría Estatal, Conseho Social Economico, Cámara de Comercio, Banco Central, Fondo Monetaria Internacional)
  4. Gestión / política financiera estructuralmente deficiente (caos, control inadecuado / ausente)
  5. Ignorar estructuralmente las consecuencias financieras del maneho político (deuda e intereses altísimos)
  6. Omisión estructural de la rendición de cuentas (¡cuentas anuales!)
  7. Marginación estructural del sistema de control (chequeo y balance)
  8. Indiferencia estructural hacia el bienestar social (incumplimiento del «deber de cuido»)
  9. Fijación estructural en los intereses propios y del partido (ser ministro = «negocio»)
  10. Aprobación parlamentaria estructural de la (mala) política perseguida

Esto violó estructuralmente el estado constitucional democrático, así como la sostenibilidad (financiera) de la autonomía. De hecho, ambas áreas fueron sistematicamente minados. Teniendo en cuenta todo esto, no se puede concluir de otra manera que la criminalidad gubernamental ha estado ocurriendo desde principios de la década de 1990 en adelante. Sobre la base de lo anterior, se puede afirmar que los partidos políticos han ejercido abusos de poder a gran escala, resultando en: el nombramiento innecesario / ilegal de personal gubernamental; la poca o nula implementación aparentemente deliberada de tecnología eficaz que ahorre costos para mejorar los procesos administrativos de la gobernación; la dudosa forma en que se abordaron los costosos proyectos gubernamentales (¡incluida la falta de mantenimiento estructural!); el descuido del deber de cuidado del gobierno, todo con graves consecuencias financieras y socioeconómicas para el País. La comunidad sufrió una gran injusticia con estos actos ilícitos estructurales de los partidos políticos.